USO, IMPACTO Y PERSPECTIVA DE
LAS TIC EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUSTICIA VENEZOLANA
En estos tiempos, para iniciar este
aparte es bueno destacar que las nueva tecnologías de información conforman un
vasto espacio, a tal punto que la tecnología desde siempre ha sido considerada
como una de las fuerzas esenciales y promotoras para el desarrollo de un país,
históricamente la humanidad se ha visto envuelta en oleadas de revoluciones
tecnológicas. En el siglo XXI se han innovado nuevas tecnológicas
en muchos ámbitos, hasta la actualidad.
El
objetico es reflexionar de manera general sobre el impacto de las tecnologías
de información y comunicación en la administración pública venezolana, con
especial énfasis en la administración de justicia, utilizando una metodología
de investigación bibliográfica-documental, la organización entre la tecnología
y las formas de organización del trabajo, la incorporación de la tecnología de
información y comunicación en la administración de justicia.
En
los últimos años, los poderes públicos están incorporando las tecnologías de la
información y la comunicación a su quehacer diario tanto para mejorar la
gestión interna como para facilitar la relación con los ciudadanos. La
Administración de Justicia no ha sido una excepción a este proceso a pesar de
que, tal vez, lo ha hecho a un ritmo más lento del experimentado, por ejemplo,
por la Administración pública y tampoco ha sido objeto de tanta atención
política y académica como la que ha acompañado el desarrollo de la Administración
electrónica.
La
Administración de Justicia está incorporando las tecnologías de la información
y el conocimiento. En su funcionamiento interno y en sus relaciones con los
operadores jurídicos y los ciudadanos. TIC
(Abreviación para las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones). Es
decir, todas esas tecnologías que nos permiten acceder, producir, guardar,
presentar y transferir información. Ellas están en todos los ámbitos de
nuestras vidas, en nuestra vida social, familiar y escolar. Sus usos son
ilimitados y pueden manejarse con facilidad, sin necesidad de ser un experto.
Las
TIC en el sistema judicial y el derecho administrativo busca hacer fácil y rápido las gestiones y trámites sin
requerir tantos papeleo al momento de hacer una solicitud. Para garantizar una
justicia rápida, de calidad y eficaz es necesaria la modernización de dichos
elementos de información y comunicación tanto en el ámbito interno como en el
externo que incluyen totalmente todas las instituciones públicas del estado, ya
sean ministerios, alcaldías, notarias, fiscalías etc. Tras estas innovaciones
el sistema judicial y el derecho administrativo se han formado de facilidades
en los trámites realizados en cada una de las entidades.
Esta modernización del Estado se relaciona también con la
necesidad de una mayor transparencia en la gestión económica y fiscal del
aparato público, en la búsqueda de una mayor eficiencia en la prestación de
servicios públicos y en el mejoramiento de la calidad de los servicios
ofrecidos a los ciudadanos. Estos factores pueden conducir también al
incremento del proceso de democratización política, contribuyendo a aumentar la
legitimación de gobiernos y establecer nuevas maneras de gestionar las
actividades públicas (ALADI, 2001).
El
gobierno junto con la administración de justicia tiene la capacidad de
obtener mayor información sobre el
funcionamiento de la justicia como facilitar el exceso a los usuarios de la misma, para resaltar unos de los
aspectos más importantes que la administración de justicia tiene los criterios
como el grado de complejidad, técnicos o aplicación. En la aplicación nos
permite delimitar el uso de las tecnología e información y comunicación en
administración de justicia; tratamiento de la información (informar), la
gestión de los expediente judiciales (gestión), la relación entre la
administración de justicia y operadores jurídicos (relación) y la toma de
daciones (decisiones).
COSTA (1998) argumenta que la responsabilidad social,
característica de la administración pública, debe imponer compromisos con
resultados eficaces. Obtener resultados eficaces en la administración pública
significa democratizar el acceso y mejorar la calidad de los servicios
públicos, en todos los niveles, ampliar el control de la sociedad y aumentar el
grado de solución de los problemas.
Por lo tanto, al encontrarnos es un mundo globalizado y con
recursos tecnológicos que progresan a diario, presentándose drásticos cambios
en los espacios y tiempos generados por la revolución de las comunicaciones y
la información. Es importante entonces que la administración de justicia
incluya en su desarrollo el uso de las Tecnologías de la Información, que hoy
día son una de las principales fuentes del conocimiento y que pueden
utilizarse, de entre otras tantas formas, para hallar pruebas de la
culpabilidad de un crimen. Este panorama de influencia de la informática no
puede ser omitido en el ámbito judicial, que en América Latina se está
reformando desde hace 20 años.
Marco Jurídico TIC
Administración de Justicia.
Ahora
bien, La Ley que regula el uso de las nuevas
tecnologías en la Administración de Justicia es la Ley
18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las
tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de
Justicia. Así mismo, el resto de las normas que regulan son las siguientes:
- La Ley Orgánica 16/1994, de 8 de noviembre,
por la que se reforma la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder
Judicial, introdujo, por vez primera en nuestro ordenamiento jurídico, la
posibilidad de utilizar medios técnicos, electrónicos e informáticos para
el desarrollo de la actividad y el ejercicio de las funciones de juzgados
y tribunales.
- El Pleno del Congreso de los
Diputados aprobó el día 22 de abril de 2002 una Proposición no de Ley
sobre la Carta
de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia.
El apartado 21, establecía la necesidad de que la justicia sea
tecnológicamente avanzada, reconoce el derecho «a comunicarse con la
Administración de Justicia a través del correo electrónico,
videoconferencia y otros medios telemáticos con arreglo a lo dispuesto en
las leyes procesales».
- La Ley 15/2003, de 26 de mayo,
reguladora del régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal,
proclama la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia, creando
un instrumento técnico llamado Plan de Transparencia Judicial . Este Plan
fue aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros de 21 de octubre de 2005.
Se identifica como instrumento imprescindible para lograr el objetivo de
la transparencia la plena utilización de las tecnologías de la información
y la comunicación en la Administración de Justicia.
- Por último, en el plano
internacional, la Unión Europea ha desarrollado el Plan de Acción
E-Justicia. Este Plan de Acción busca la mejora de la eficacia de los
sistemas judiciales mediante la aplicación de las tecnologías de
información y comunicación en la gestión administrativa de los procesos
judiciales.
- Agilizar el proceso público gracias
a las posibilidades que ofrecen el uso de las tecnologías y las
comunicaciones.
- Generalizar el uso de las nuevas
tecnologías para los profesionales de la justicia.
- Definir en una norma con rango de
Ley el conjunto de requisitos mínimos de interconexión, interoperabilidad
y seguridad necesarios en el desarrollo de los diferentes aplicativos
utilizados por los actores del mundo judicial, a fin de garantizar la
seguridad en la transmisión de los datos y cuantas otras exigencias se
contengan en las leyes procesales.
Ahora bien, las nuevas tecnología no
solo brindan la posibilidad de recolectar, almacenar y procesar la información;
sino que, a través de la internet, los gobiernos pueden brindar servicios,
establecer una comunicación más estrecha con los ciudadanos y publicar
información a través de páginas web. La administración publica venezolana, se
han desarrollado diversos sistemas informáticos a los fines de implementar
tecnología de comunicación e información al funcionamiento de la administración
y los servicios que presta.
la administración de justicia tiene
importantes beneficios en su funcionamiento: los profesionales de la justicia
pueden ahorrar tiempo y trabajo; el gobierno puede obtener mayor información y
transparencia sobre el funcionamiento de la justicia, y ofrecerla de manera más
eficaz y eficiente; los justiciables pueden relacionarse directamente con la
justicia, lo que les puede facilitar el acceso de las mismas. En general, las
TIC pueden facilitar que los ciudadanos la tengan más cerca y que se pueda
acercar también a determinados colectivos.
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